Los pequeños productores de camarón, de menos de 20 hectáreas, serán los más afectados del castigo arancelario que impuso Estados Unidos, en caso de que no se revierta. Un litigio en marcha dispuso que cuando ingrese este producto al mercado norteamericano debe pagar un arancel antisubsidio de hasta 13,5%, de acuerdo con las empresas exportadoras. El promedio nacional llega a 11,68%. Segundo Calderón, acuicultor de la provincia de El Oro, lamenta que este tipo de factores externos pueda echar abajo el esfuerzo de un sector que supo levantarse de dos tres crisis fitosanitarias entre 1988 y 2001 (Síndrome de la Gaviota, Síndrome de Taura y la Mancha Blanca). En esos escenarios, las exportaciones cayeron hasta en un 60%, por la baja productividad. A pesar de ello, la industria se fortaleció sin ayudas estatales. “No hemos necesitado de subsidios, como dice Estados Unidos para sancionarnos”, expresa Calderón. Las provincias de El Oro y Guayas concentran cerca del 80% de la producción camaronera del país. La cría del crustáceo se realiza bajo técnicas que mejoraron su rendimiento, hasta 20 quintales de camarón por hectárea, en promedio. El rendimiento crece 7% al año. Con el pago adicional de 11,68% de arancel, lo previsible es que se traslade el costo a los productores. Así, por ejemplo, un productor recibe USD 2,30 por cada libra de camarones de entre 10 y 11 gramos por ejemplar, pero el nuevo arancel estadounidense equivale a 27 centavos de ese valor. “Eso es mortal, porque el pequeño productor siempre obtiene menos precios en comparación a un productor grande”, indica Christian Fontaine, presidente de la Cooperativa de Productores Norte de Manabí. Según el presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), José Camposano, la aplicación de la contribución, desde la próxima semana, generaría un costo de USD 60 millones en aranceles en un año. Fontaine dice que en EE.UU. se confundieron algunos conceptos. Por ejemplo, creer que cultivar camarón en áreas concesionadas por el Estado significa a algún tipo de subsidio. “Nosotros pagamos esa concesión, que ahora es potestad de la Subsecretaría de Acuicultura; así como pagamos al Servicio de Rentas Internas el 25% sobre las utilidades brutas”. La Embajada de Ecuador en Estados Unidos emitió ayer un comunicado, en donde indica que la Determinación Final del Departamento de Comercio, fija sanciones en base a “serios errores de interpretación y procedimiento”. Si la resolución se mantiene, la Embajada ecuatoriana anuncia la posibilidad de trasladar la queja a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Fuente: El Comercio | Elproductor.com
